La inteligencia artificial no ha venido a reemplazar el juicio humano. La experiencia y actuación de cada profesional del derecho son imprescindibles.
La IA ofrece herramientas que pueden aumentar la eficiencia, precisión y accesibilidad de los servicios legales, desde automatizar tareas repetitivas como la revisión de documentos y la investigación, permitiendo a los abogados concentrarse en aspectos más estratégicos y complejos de sus casos.
Es innegable que se podrán analizar rápidamente grandes volúmenes de datos para identificar patrones, antecedentes y posibles argumentos, ayudando a descubrir información relevante e incluso a reducir errores humanos, lo que sería inviable manualmente en un marco de tiempo razonable.
Los despachos podrán disponer de unos archivos con datos históricos, tendencias y estadísticas, mejorando la calidad del servicio ofrecido a los clientes.
Ya existen herramientas de IA, como Kira Systems o Luminance, que analizan y extraen información clave de contratos y otros documentos legales, ahorrando tiempo y reduciendo la carga de trabajo manual, o plataformas como ROSS Intelligence para realizar investigaciones y proporcionar casos relevantes y jurisprudencia.
Los algoritmos jurídicos, como parte de la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho, juegan un papel fundamental, están diseñados para procesar y analizar datos con el potencial de influir significativamente, como legislación, jurisprudencia y doctrina, en una fracción del tiempo que requeriría varios días o semanas de una sola persona.
Esto no significa que los algoritmos tomen decisiones legales por sí mismos, sino que proporcionan información valiosa para fundamentar mejor las decisiones humanas.
No olvidemos destacar que algunas de esas ventajas mencionadas, también presentan desafíos, especialmente en términos de ética, sesgo y transparencia, por ello hay que buscar un enfoque ecuánime y preciso.
La adopción de la Inteligencia Artificial en la profesión jurídica no es solo una tendencia emergente, sino una realidad inevitable que promete revolucionar la manera en que interpretamos y aplicamos la ley, marcando un nuevo paradigma en la prestación de servicios legales.
